Puertas giratorias, el viaje visible del político a la gestión privada

Cuando se cierra una puerta en la política, muchas veces se abre una ventana en una compañía. Este camino, del servicio público a la empresa privada, y viceversa, es un trayecto que transitan muchos políticos. Sobre todo en la primera dirección. La sociedad, cansada de escándalos, recela de una práctica que con control puede ayudar a oxigenar

LAS PUERTAS GIRATORIAS

Abiertas y visibles. Todos los expertos consultados aseguran que la mejor medida para evitar el tráfico de influencias en esta práctica es la transparencia. Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, considera que «la sociedad y los mercados tienen derecho a saber» si se produce este cambio de funciones. En los países anglosajones hay luz y taquígrafos sobre todos los detalles de estos fichajes.

En España, el control sobre esta práctica se regula a través de una cuarentena que impide, por ley, que un político se incorpore en los dos años siguientes a dejar su cargo a una empresa que se dedique a actividades mercantiles «relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado». Este control, sin embargo, solo se exige respecto a los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado. Esto incluye a secretarios de Estado, directores generales y otros puestos.

Cuando un cargo público quiere emprender este viaje en ese plazo de dos años existe una comisión de control de intereses que estudia si existe o no una incompatibilidad. Desde el año pasado el fallo de este análisis debe, además, publicarse en el portal de transparencia. El propio político, en todo caso, debería abstenerse si hay conflicto con las responsabilidades ejercidas en el puesto ejercido con anterioridad.

PRESIDENTES DEL GOBIERNO

Jarrones chinos en los sillones de las grandes empresas

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González han cruzado varias veces las puertas giratorias hacia empresas energéticas como Endesa o Gas Natural Fenosa. Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,señala que lo razonable es que personas que han tenido tanta importancia en la vida pública de un país, como los expresidentes del Gobierno, tengan un estatuto propio. En España, donde pueden pertencer al consejo de Estado, no existe. Son los jarrones chinos.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, lamenta que esta cuarentena legal no opere respecto a funcionarios de cuerpos del Estado muy relevantes, como los abogados del estado o los inspectores de Hacienda. «La oficina de control de intereses debería tener la capacidad de investigar sobre todos los casos existentes y sus riesgos», opina Villoria. Tampoco existen controles para diputados, jueces o fiscales, muchos de los cuales culminan sus carreras en prestigiosos despachos de abogados.

POLÍTICOS CON MUCHA ENERGÍA

Este profesor duda, además, de la eficacia práctica de este control. Villoria asegura que esta comisión «nunca ha puesto ninguna sanción» por este asunto y critica la falta de control en la práctica cuando el político en cuestión es del ámbito local o del autonómico. Una opinión parecida muestra Pendás, quien califica de «muy razonable» la regulación española de las puertas giratorias, pero sugiere que «hay que conseguir que se ponga en práctica». Pendás echa de menos que funcionen los mecanismos de abstención de forma directa desde los políticos. «Un ex alto cargo debería abstenerse de participar en decisiones sobre las que haya influido».

¿Por qué un plazo de dos años? Villoria explica que se considera que dos años es un tiempo en el que los supuestos favores que se hayan podido producir se han olvidado. «En ese tiempo, el marco económico y la empresa pueden haber cambiado mucho: la dirección de la compañía o la cuenta de resultados, por ejemplos». En Portugal se exigen tres años; en Reino Unido, solo uno. Varía por países.

Uno de los sectores preferidos por los políticos es el energético. En los sillones de los consejos de administración de las grandes eléctricas se ubican numerosos ex altos cargos y ministros del Partido Popular y del PSOE, que cobran jugosos sueldos. Endesa tiene una buena representación: el expresidente del Gobierno José María Aznar, del PP, y los exministros socialistas de Economía Pedro Solbes y Elena Salgado. Esta última se colocó en la filial chilena de la compañía, Enersis, menos de dos años antes de dejar su cartera ministerial.

Esa es precisamente una de las triquiñuelas que se utilizan algunas políticos para esquivar la cuarentena: recalar en una filial.

Este flujo de personas no para. Este mismo año, cinco antiguos políticos se han incorporado al consejo de administración de la empresa que gestiona las redes de gas, Enagás. Han sido las exministras del PP Ana Palacio e Isabel Tocino, el expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández, el exdirector general de Industria y de la pequeña y mediana empresa Luis Valero y el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia durante el Gobierno de Aznar, Gonzalo Solana.

¿Cuáles son los peligros de esta práctica? Según Villorio, el riesgo fundamental es que pueda utilizarse por la empresa como «una especie de soborno diferido». «Usted me favorece a mí y yo lo haré cuando usted deje la política». Cuando el tránsito es al revés, del mundo privado al público, el peligro está en «obtener información privilegiada y contactos para devolvérselo a la empresa». La transparencia, junto a la cuarentena legal para ir a parar al sector en el que el político desempeñó su labor, permite que la sociedad observe y controle abusos.

En cualquier caso, nadie se plantea prohibir esta práctica, que no es mala en sí misma, porque alimentaría otro riesgo muy criticado por la opinión pública: que los políticos se aferren a sus cargos. Es más, las puertas giratorias controladas pueden oxigenar a la clase política al permitir los viajes de ida y vuelta. Pendás defiende que «si la política se convierte en una profesión de la que no se puede salir estamos fomentando que los políticos se eternicen en sus puestos». «Necesitamos políticos que puedan volver a ejercer sus profesiones», añade Villoria, el profesor de la URJC.

Según Antonio Núñez, socio de Parangon Partners, una firma dedicada a la búsqueda de directivos, un líder público tiene muchas cualidades y experiencias que aportar a una empresa privada, que «van mucho más allá de una mera red de contactos o agenda», como suele interpretar la opinión pública.

«LIDERAZGO POR PASIÓN»

Nuñez, que ha escrito el libro «España S.L.» en el que reflexiona sobre los gestores públicos, sabe de lo que habla: formó parte del gabinete de Presidencia del Gobierno y ahora trabaja en una empresa privada que trata de encontrar directivos y consejeros. «Las experiencias que han salido mal, en las que un ex alto cargo acaba en una empresa que estaba bajo su área de control, son una caricatura de las puertas giratorias». Hay vida más allá.

Entre las virtudes que un experimentado líder público puede aportar a la gestión privada está el «liderazgo por pasión». «En el servicio público tienes que apelar a unos incentivos emocionales para motivar al equipo, como el bienestar de los ciudadanos o la mejora de la educación», apunta Nuñez, quien considera que esa capacidad puede ser valiosa en una firma.

Pendás señala que, al final, como en cualquier aspecto de la vida, «haber contemplado diversas facetas es enriquecedor». «El profesional que ha pasado por el sector público tiene una perspectiva mayor», concluye. Esa perspectiva mayor se puede percibir en muchos aspectos. Nuñez cita la capacidad de negociación, la habilidad para «gestionar un equipo de tamaño grande, en personas y presupuesto» y para «afrontar la presión mediática y las crisis». Estas ventajas se amplifican cuando la compañía opera, precisamente, en un mercado regulado, marcado por la presencia de la administración pública.

LA PRUEBA DEL ALGODÓN

En cualquier caso, la prueba del algodón que se puede utilizar para calibrar la honestidad del viaje del político al mundo privado está en lo que se conoce en el mundo académico como «cursus honorem». El profesor Villoria argumenta que la clave está en analizar cuál es el curso normal en la carrera profesional de un político, acorde con su formación y experiencia. «Si no se da ningún abuso, no se puede criticar que el político llegue a un destino que hubiera sido su lugar natural en el curso de su carrera profesional».

¿A alguien le sorprendería que Luis de Guindos, el actual ministro de Economía, forme parte del consejo de administración de una gran empresa? Otra historia sería si el que ocupa ese sillón, aupado por su cargo, es un político que no terminó sus estudios.

En los últimos meses, las aguas revueltas de la política española, en las que han irrumpido nuevas formaciones, están incorporando nuevos perfiles. Sobre todo, economistas y académicos, como Luis Garicano, Catedrático de Economía de la London School of Economics, el asesor económico de Ciudadanos. Aún así, el tránsito de la empresa al servicio público sigue muy lejos del viaje de la política a las compañías. Los ejemplos son casi infinitos, de todos los colores y épocas. Como el paso de Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo del PP, a Telefónica; el del ministro socialista de Economía Pedro Solbes a Barclays o Lehman Brothers; la incorporación a Repsol de Josu Jon Imaz, procedente del PNV; o el paso como consejero de Endesa de Miguel Roca, desde CiU.

Foto vía: Congreso de los Diputados vía photopin (license) | Noticia vía: abc